INFORME DE SITUACIÓN EN ARGENTINA MAYO DE 2015
INFORME DE SITUACIÓN EN ARGENTINA MAYO DE 2015
Situación Política
Durante el mes de mayo se realizó la elección general en la provincia de Salta, en donde prácticamente se repitieron los guarismos que se habían dado en las PASO. Se impuso el actual gobernador, Rodolfo Urtubey (FPV), con el 51,23% de los votos sobre Juan Carlos Romero, peronista disidente, apoyado por Sergio Massa, que obtuvo el 30,63%. En tercer lugar quedó la alianza UCR-UNEN-PS, con solo el 8,25 de los votos. Cabe mencionar que la izquierda, en sus diversas expresiones superó el 10% de los votos.
Si bien este resultado constituye un claro éxito del FPV, no menos significativas resultan las declaraciones del ganador, que sostuvo dos conceptos que no pasaron desapercibidos: se declaró contrario a cualquier “ismo”, ratificando su condición de peronista y sostuvo que el pueblo de Salta eligió a un gobernador y no a “un delegado de la Casa Rosada”. Para muchos, ambas afirmaciones preanuncian el debate que se viene hacia adentro del oficialismo y se contrapone con la consigna que ha lanzado “La Cámpora” en el sentido de que sea Daniel Scioli o Florencio Randazzo el próximo presidente será Cristina quien ejerza el poder, remedando la famosa consigna de la década del setenta, “Cámpora la gobierno, Perón al poder”.
La única elección PASO que se llevó a cabo fue en la provincia de Chaco, donde se impuso el Frente para la Victoria (FPV), liderado por Jorge Capitanich y que lleva a su delfín, Domingo Peppo, como candidato a gobernador, obteniendo una significativa ventaja (59,62%) sobre la candidata de la alianza “Vamos Chaco” liderada por Aída Ayala (37,41%), actual Intendente de Resistencia, apoyada por la UCR, el PRO y el Frente Renovador.
Ambos procesos se han dado en el contexto de una decidida actitud de Cristina Fernández de Kirchner de ordenar la interna de su propio espacio. En efecto, luego de la mala perfomance obtenida en la PASO de la Ciudad de Buenos Aires, donde el FPV presentó siete candidatos y obtuvo un paupérrimo tercer lugar, CFK decidió consagrar solo dos candidatos para competir en las primarias presidenciales (Daniel Scioli y Florencio Randazzo) y aplicó el mismo criterio para resolver la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, donde solo confrontarían Julián Domínguez –actual presidente de la Cámara de Diputados- y Aníbal Fernández. Si bien ya otros precandidatos resignaron su postulación, Fernando Espinoza, Intendente de la Matanza –el principal distrito electoral provincial- aún persiste en su candidatura. Un dato no menor es que Espinoza, además, preside el Partido Justicialista de dicha provincia.
La puja entre Randazzo y Scioli ha alcanzado picos de virulencia significativos y confirma que si bien CFK no logró construir un candidato “paladar negro” y que expresara ciento por ciento su deseo de continuar liderando el proyecto kirchnerista, no le será fácil a este último llegar a ser el candidato oficial. El control sobre el futuro gobierno –de ganar el actual oficialismo- ya comenzó a anticiparse en el proceso de selección de quien confrontará por la presidencia de la Nación en el mes de octubre.
Ratificando lo señalado en el informe anterior, el cotejo de las mediciones de las cinco encuestadoras más confiables arroja los siguientes resultados de cara a las elecciones presidenciales: Daniel Scioli (FPV) obtendría el 32,3% de los votos, Mauricio Macri (PRO) el 30,8%, Sergio Massa (FR) el 16,2%, Margarita Stolbizer (Progresista) el 5,2% y Jorge Altamira (Frente de Izquierda) el 3,1%. Como se verá esto rompe el triple empate que en el mes de diciembre se daba entre Massa, Scioli y Macri, confirma la polarización entre el FPV y el PRO y relega a un lejano tercer lugar al Frente Renovador. Daniel Scioli, por su parte lidera la encuesta en la provincia de Buenos Aires, seguido por Sergio Massa y Mauricio Macri. Este no es un dato menor, porque confirma que sigue siendo dicho territorio el mayor obstáculo para que este último concrete su aspiración de ser el próximo presidente.
En este marco, Mauricio Macri decidió descartar definitivamente cualquier alianza previa a las PASO con Sergio Massa, temerosa de que ello pudiera desperfilarlo como el candidato que expresa el cambio, haciendo caso omiso de las opiniones de diversos grupos de poder que alentaban esta posibilidad en la creencia que solo un amplio frente opositor puede garantizar una victoria sobre el actual oficialismo. Esto constituyó una clara victoria de la estrategia diseñada por su consultor electoral, Jaime Durán Barba, sobre Emilio Monzó, actual Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y hasta ahora principal operador político del PRO.
En la provincia de Buenos Aires quedó ratificada como candidata de este espacio María Eugenia Vidal sin que se anunciara quien la acompañaría como candidato a Vicegobernador. Esto abre diversas especulaciones que van desde un compañero de fórmula que provenga de “los restos del naufragio del espacio de Sergio Massa” – eventualmente un Intendente peronista del conurbano- hasta un hombre surgido del PRO. También resta por definirse quien acompañará al propio Macri en la fórmula presidencial, aunque se anticipa que no será ningún extra partidario.
La Presidente, volviendo al ámbito nacional, continúa con su activismo proselitista sin pausa alguna, aprovechando toda circunstancia para capitalizarla electoralmente. Más allá del uso y abuso de la cadena nacional (ya lleva veinte en lo que va del año), el gobierno organizó un mega evento, con epicentro en la Plaza de Mayo, para celebrar el 25 de mayo. Con la actuación de importantes grupos musicales y otras actividades de interés cultural y artístico, durante los días 23, 24 y 25, reunió a más de trescientas mil personas, circunstancia propicia para desgranar, como cierre del evento, un largo discurso que vale la pena analizar.
Tanto en el formato como en el contenido, la Presidente que no hizo ninguna referencia al primer gobierno patrio surgido en 1810, se encargó de reivindicar esa fecha como el advenimiento al poder en 2003 de Néstor Kirchner, instancia fundacional para ella de un nuevo ciclo histórico. El contenido emotivo de su alocución estuvo fundamentalmente dirigido hacia su propia clientela electoral en un claro intento de consolidar el voto propio y que generó una fuerte reacción, expresada a través del periodismo independiente, señalando el carácter sectario y excluyente del mensaje. Mostró también la decisión de utilizar todos los recursos del Estado en función de su intento de continuidad en el poder y dio el claro mensaje de que su voluntad política está incólume, frente a una oposición que no atinó a generar ninguna respuesta equivalente. Voluntad política que también se puso en evidencia en el renovado intento por controlar y condicionar al Poder Judicial, como resorte clave para lograr impunidad. La ofensiva contra el Ministro de la Corte Carlos Fayt, en la búsqueda de una nueva vacante, luego del frustrado intento de cubrir el cargo que dejara Raúl Zaffaroni, ha ido escalando, llegando al extremo de formular una denuncia por falsedad ideológica contra todos los miembros del alto tribunal. Es que la Corte, y especialmente luego de la ratificación de Ricardo Lorenzetti como presidente, se ha constituido en el principal escollo institucional para el logro de una justicia adicta. Más temprano que tarde será este tribunal el que deba decidir sobre las causas de corrupción, sobre los diversos amparos vinculados al control de los medios de difusión y sobre la constitucionalidad del memorándum con Irán, entre otros temas que preocupan al gobierno.
La confirmación por parte de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de continuar en su cargo más allá de 2016, es parte del objetivo antes señalado, aprovechando que ese cargo cuenta con acuerdo del Senado. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con el Presidente del Banco Central y otros puestos claves que condicionarían la gestión de cualquier gobierno surgido de las urnas. Todo esto, a partir del hecho de que la composición del Poder Legislativo a partir del 10 de diciembre, estará caracterizado por la inexistencia de mayorías significativas en la Cámara de Diputados y la certeza también de que en el Senado nadie podrá contar con los dos tercios necesarios para remover y nombrar funcionarios que deban cumplir con el requisito del acuerdo parlamentario.
Situación Económica
Como ya se ha dicho reiteradamente, el gobierno está recurriendo a todo tipo de artilugio para demorar la eclosión, al menos durante el proceso electoral, de los problemas estructurales que tiene nuestra economía: la inflación, la caída de la productividad, la no generación de empleo, el atraso cambiario y la pérdida de competitividad, entre otros factores, lo que constituye una verdadera “bomba de tiempo”, reiteradamente denunciada por diversas entidades gremiales empresarias y que deberá desactivar la futura administración.
Durante el curso de este mes diversas consultoras especializadas en el tema han hecho particular hincapié en el deterioro del nivel de reservas y el consecuente deterioro patrimonial del Banco Central. En efecto, el deterioro progresivo se verifica mediante la comparación de lo que ocurría en el año 2007, donde 42.000 millones de dólares de los 46.200 que constituían las reservas declaradas, eran de su propiedad absoluta. Cuatro años más tarde, a fines de 2011, 35.500 millones de dólares eran propiedad del Banco Central respecto de 46.300 millones que se acumulaban como reservas totales. Pero el mayor deterioro se produce entre esa fecha y lo declarado a fines del mes de mayo de este año. Hoy las reservas totales han caído a 33.800 millones de dólares, o sea casi 13.000 millones menos que en 2011.
Pero no solo ahí radica el problema. De esos 33.800 millones solo entre 14.000 y 16.000 millones son de propiedad absoluta del Banco, mientras que la diferencia, o sea aproximadamente 18.000 millones, no constituyen reservas propias de dicha entidad. Y no lo son porque ese monto está constituido por depósitos en dólares de ahorristas locales (8.000 millones), los pagos de deuda ya hechos y retenidos por el Juez Griesa (1.600 millones), la deuda que importadores locales acumulan con sus proveedores del exterior (3.500 millones) y los giros retenidos por pago de dividendos a firmas multinacionales. Los dólares financieros que han llegado en reemplazo de los dólares comerciales no cambiaron la situación de fondo y solo permitieron esta calma coyuntural que estamos viviendo. El drama se agudiza cuando observamos que estamos frente a un 2016 que nos presenta una economía estancada, con cepo, con pocas reservas netas, sin saldo comercial favorable, un déficit fiscal mayor al 5% del PBI y no tenemos asegurado el financiamiento externo en la magnitud y a tasas que no hipotequen el futuro. El gobierno podrá seguir emitiendo pesos, pero lo que no puede emitir son dólares.
Por otra parte, la actividad industrial sigue cayendo. En abril, y según cifras del INDEC, cayó un 1,5% lo que significa una baja de 21 meses consecutivos. Si bien la inflación real estimada para este año será menor que la del año anterior (se calcula que rondará en el 25%, frente a un estimado del 34% del año pasado), no menos cierto es que sigue estando entre las más altas del planeta. Un dato no menor es el que han manifestado diversas cámaras comerciales en el sentido de que si bien el gobierno ha sostenido el plan de compras de 12 cuotas sin interés para incentivar el consumo, las ventas están cayendo y se está verificando que en los supermercados es cada vez mayor la cantidad de personas que financian sus compras de alimentos.
Finalmente cabe consignar que el déficit fiscal del mes de marzo aumentó un 540% respecto del mismo mes del año anterior: en ese mes de 2014 dicho déficit ascendió a 4.366,2 millones de pesos, mientras que el de este año fue de 27.894,7 millones, habiéndose financiado con emisión y endeudamiento.
Situación Social
El INDEC ha dejado de publicar estadísticas sobre indigencia y pobreza que son dos indicadores claves de la evolución social del país. Sin embargo diversas entidades no gubernamentales de reconocida seriedad y prestigio nos acercan datos que son muy negativos. El CIPPEC, por ejemplo, hizo público este mes un informe que señala que el 27% de los niños de hasta 4 años (o sea 1.260.000 chicos) vive en hogares pobres y que el 34, 1% de los niños entre 6 meses y 2 años (o sea casi 700.000) tienen anemia, al mismo tiempo que sufren el mismo problema el 30,5% de las mujeres embarazadas. La infantilización de la pobreza es también otro logro de la “década ganada”.
Por su parte el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina ya había señalado que la pobreza en niños menores de 4 años había alcanzado en el año 2013 la cifra de 1.260.000 niños, lo que confirma la tendencia progresiva de este flagelo. También la Iglesia Católica ha publicado a través de la UCA un informe sobre el crecimiento de la venta drogas en los barrios, que avalan los dicho del Papa Francisco en el sentido que la argentina, en este campo, corre el riesgo de la “mexicanización”. Los resultados de dicho trabajo indican que en 2010 se verificaba la presencia de puntos de venta de drogas en el 30% de las localidades encuestadas. Esa cifra sube al 45% en 2014, lo que significa un incremento del 50% de percepción pública sobre la existencia de bocas de expendio en las cercanías de sus viviendas. En villas y asentamiento la presencia narco es visible para el 84% de sus habitantes lo que confirma que el reclutamiento para las diferentes etapas del proceso del narcotráfico – venta, distribución, protección o sicariato- empieza a edades en que las víctimas ni siquiera alcanzan la adolescencia, particularmente en los sectores de mayor marginación. “El narcomenudeo –finaliza el informe- se ha convertido en un componente sistémico del proceso económico”.
En este contexto, el gobierno ha entrado en una fuerte confrontación con el sindicalismo que aspira a negociaciones salariales paritarias superiores al 30%, mientras que el tope fijado por las autoridades económicas está en el 27%. Si bien algunos gremios enrolados en la CGT oficialista como Comercio y UPCN, entre otros, han aceptado dicho límite, la mayoría de los agrupados en las centrales opositoras se resisten a firmar los convenios y han convocado a un paro general para el 9 de junio. Entre tanto ya se están produciendo huelgas sectoriales como la de los bancarios y los aceiteros. En este último caso, ya habían concertado con la patronal un aumento del 36% que no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, desatándose un conflicto que ha provocado que al día de hoy se encuentren más de cien barcos anclados en los puertos argentinos imposibilitados de completar su carga de aceites para la exportación. Como se observa, la puja salarial está tensando la relación entre gobierno y sindicatos y tiende a agudizarse, precisamente en un año electoral. Al respecto Hugo Moyano alertó que el gobierno estaría alentando “un hecho de sangre” con ocasión de la huelga general convocada para el 9 de junio.
Situación Internacional
En este plano, durante el mes de mayo no se han producido hechos de significación que merezcan ser mencionados en este informe. Nada ha ocurrido que nos permita visualizar cambios en la política exterior argentina; muy por el contrario confirma el rumbo que venimos señalando en reportes anteriores respecto del realineamiento geopolítico que este gobierno intenta imponernos. Obviamente esto genera consecuencias que confirman aquella vieja frase que dice “como te ven es como te tratan”. Y el modo que nos ven, entre otras consecuencias, se verifica, por ejemplo en la evolución de la inversión directa extranjera (IED) en nuestro país. Un reciente informe de la CEPAL, uno de los pocos organismos internacionales que mantiene buenas relaciones con el gobierno, señala que la IED en la región cayó en 2014 un 16%, mientras que en el mismo período en Argentina la baja fue de un 41%, o sea de 11.301 millones de dólares en 2013 a 6.600 millones el año pasado. Es la cuarta baja más importante de la región después de Venezuela (- 88%), Bolivia (- 63%) y México (- 49%). Según la CEPAL las dos más grandes desinversiones en nuestro país correspondieron al área energética: la de Repsol (por la estatización de YPF que se pagó 5.000 millones de dólares) y la de Apache. Por su parte, especialistas argentinos sostienen que la inversión de 6.600 millones a la que hace referencia el informe proviene, en gran medida, de lo que no se puede sacar del país por las limitaciones a la remisión de dividendos por parte de las empresas extranjeras. Agregan, como otras causales, el cepo cambiario, la ausencia de reglas económicas claras y permanentes, el retraso cambiario y la inflación. De todos modos, sostienen, esta caída se da en el contexto de un nivel muy bajo de inversión global de la economía argentina, dado que solo alcanza al 19% del PBI, más allá que su origen sea nacional o extranjero.