El empedrado camino del laicismo en Chile

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El empedrado camino del laicismo en Chile

Iniciativa Laicista (revista digital, bimestral, del pensamiento laico chileno). Marzo de 2015.

Carlos Leiva Villagrán

 

        Ha pasado un año desde que se instaló en Chile el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con el apoyo de una coalición política más amplia que en su primer período. El gobierno se sostiene en partidos políticos que van desde posturas ateas militantes, normalmente situadas a la izquierda del espectro político, hasta posiciones de inspiración cristiana, preponderantemente católicas, que son representadas por el Partido Demócrata Cristiano.

Bandera de Chile.

Bandera de Chile.

       Con excepción del Partido Radical Social Demócrata, que capta una pequeña proporción del electorado, ningún partido de la coalición gobernante otorga preeminencia al laicismo en su doctrina. Una parte no despreciable de la centro izquierda política, situada en el Partido Socialista y en el Partido Por la Democracia (PPD), es resultado histórico del desmembramiento del Partido Demócrata Cristiano a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, cuando jóvenes de este partido, desencantados con el gobierno de Frei Montalva, pasaron a formar parte del gobierno de Allende, manteniendo su raigambre cristiana (izquierda Cristiana y Mapu).

      Asimismo, no cabe considerar al Partido Comunista como un partido laicista; ciertamente es un partido ateo, pero no es laicista en la medida que su leitmotiv nunca ha sido republicano y su ideología apunta a un Estado que prescinde de una sociedad civil autónoma, de tal modo que su participación en un gobierno republicano, consecuente con ello, es meramente programática.

     La escasa laicidad de los partidos de gobierno, como también de los partidos de oposición, se traduce en que, en la práctica política, ella sea una temática incómoda para la clase política chilena en general. Por ello, se recordará que el tema de los objetivos laicistas brilló por su ausencia en los programas de las campañas presidenciales del año 2013, y tan sólo en la versión final del programa de gobierno de Michelle Bachelet aparecieron algunas tímidas referencias explícitas, en relación con el derecho a la libertad de conciencia y al Estado laico.

      En relación con el primero, el texto del programa señalaba que “una Constitución laica y pluralista debe garantizar a todos el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos con igualdad de tratos para todas las iglesias”. Con respecto a lo segundo, indicaba que “la Nueva Constitución, junto con reafirmar la separación entre el Estado y las Iglesias, y la neutralidad del Estado frente a la religión, con el pleno respeto por las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto, garantizará la igualdad entre las distintas confesiones religiosas”.

      Por último, al concluir sus definiciones sobre el Estado Laico, el programa afirmaba que “asimismo, deberán suprimirse de la ley y de las reglamentaciones relativas a poderes del Estado toda referencia a juramentos, libros o símbolos de índole religiosa”.

      Ciertamente, las definiciones contenidas en el programa de gobierno de Bachelet contienen una concepción limitada y discutible del laicismo, en la medida que más se asemeja a un programa de igualdad religiosa que a uno que procure la libertad de conciencia para religiosos y no religiosos.

      A pesar de su alcance limitado, es preocupante que transcurrido un año de gobierno estas tareas continúen pendientes, y por ahora cabría justificar su omisión en que el tema de las modificaciones constitucionales aún no ha estado a la orden del día en la programación de la ejecución de las tareas comprometidas.

Asunción mandato de Michelle Bachelet.

Asunción primer mandato de Michelle Bachelet (2006 – 2010).

      Enfatizando lo anterior, cabe señalar que el programa de gobierno de Michelle Bachelet ignoró toda referencia laicista explícita. Significativa omisión es que su programa de Reforma Educacional no contuviera expresamente la intención de ser laica, lo que se traduce en que la reforma educacional del actual gobierno nunca se ha planteado que los recursos públicos que se destinan a la educación pública y privada se excluyan de llegar a quienes utilizan los servicios educacionales para efectuar adoctrinamiento religioso. Grave insuficiencia para un enfoque laicista del programa de gobierno, dado que no estando en el programa, difícilmente va a ser agregado en algún momento de la tramitación de la reforma.

       ¿Qué debería incluir en Chile un auténtico programa de gobierno que mereciera llevar el nombre de laicista? En lo esencial, un programa laicista debería desmontar todo el andamiaje institucional que alimenta la formación de enclaves de poder religioso, los que, a través del condicionamiento ideológico, inciden en la vida entera de hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la libertad de conciencia de los ciudadanos.

[box class=”pull”]El programa de gobierno de Michelle Bachelet ignoró toda referencia laicista explícita. [/box]

      En Chile, la separación de la Iglesia del Estado en 1925 no fue más que un acomodo que quitó al Estado el beneficio del patronato, en tanto que el catolicismo dejó de ser la religión oficial y desapareció de la Constitución. Por tal osadía, el gobierno de entonces debió entregar durante 5 años al Arzobispado de Santiago una cantidad muy significativa en dinero efectivo (dos millones quinientos mil pesos en dinero de esa época) para invertir en las necesidades del culto de la Iglesia Católica y reconocer los derechos que ella tenía a ese momento; cuestión que, lamentablemente, la Ley de cultos 19.638, de 1999, cuidó muy bien en mantener.

      En la práctica, no ha habido separación de la Iglesia del Estado. La Iglesia Católica continúa manteniendo el derecho a adoctrinar a los niños chilenos en la educación pública y particular subvencionada. Además, continúa con excepciones en el pago de tributos por sus edificios de uso religioso; continúa teniendo validez su derecho canónico; continúa teniendo asistencia religiosa en hospitales y cárceles del estado; continúa ejerciendo oficios religiosos oficiales; continúa siendo patrono de las fuerzas armadas; continúa recibiendo pagos del Estado por sus servicios de vicaría, etc.

      Por tanto, un programa de gobierno laico debe terminar con toda ambigüedad respecto al lugar de las religiones respecto a su pretensión de participación en el dominio público institucional de la República. Y cabe señalar en este contexto a la Iglesia Católica en particular, por su preponderancia histórica en el Chile republicano, que le ha permitido conservar la personalidad jurídica de derecho público que ostentó desde la Colonia y que ninguna disposición legal ha sido capaz de derogar.

      De hecho, la Ley de cultos le conserva este privilegio al señalar en su último artículo: “Art. 20. El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho privado, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio”. A su vez, el Artículo 547, inciso segundo del Código Civil, dice que no se aplicarán las normas relativas a las corporaciones y fundaciones de derecho privado “a las corporaciones y fundaciones de derecho público como la nación, el Fisco, las Municipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y los establecimientos que se costean con fondos del erario”. La Iglesia Católica procura, precisamente, tener un lugar de influencia en la institucionalidad pública nacional, así como establecer su diferencia con otras religiones en Chile, por ser la única que detenta este carácter.

[box class=”pull”]En la práctica, no ha habido separación de la Iglesia del Estado. [/box]

       En contrapartida, en todo caso, cabe señalar que el gobierno de Michelle Bachelet ha tenido la fuerza suficiente para generar dos proyectos de ley que tocan postulados sensibles para la institucionalidad religiosa, y que tienen la virtud de poner al desnudo la vocación intervencionista en el espacio público de estas instituciones. Se trata de los proyectos de Acuerdo de Unión Civil y de Despenalización Limitada del Aborto, que son consecuencia de la fuerza generada desde los movimientos sociales y del imperativo moral de estar al día con el avance de la civilización moderna.

      En ambos casos, los proyectos satisfacen el sentido de los requerimientos laicistas, en cuanto a que la institucionalidad pública, en el primer caso, no discrimine respecto de los diversos tipos de familia que existen de hecho en Chile, y en el segundo caso, reconozca del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en situaciones extremas.

      La oposición a estas iniciativas, que efectivamente amplían el ejercicio de las libertades de los ciudadanos, proviene de concepciones religiosas que conciben que la única relación que cabe proteger es la del matrimonio heterosexual, por una parte, y que, el ser humano es tal desde el momento de la concepción, por otra.

     Ninguno de estos proyectos es aún ley de la república. En el primero de los casos está pendiente su revisión por el Tribunal Constitucional, y en el segundo recién ha sido enviado al Congreso para su tramitación legislativa. Más allá de su aprobación y de los efectos concretos que ambas leyes una vez aprobadas vayan a tener en la ciudadanía, parece de suma importancia el aliento al debate respecto de la relación entre los postulados religiosos y la institucionalidad pública que se está dando en el entorno.

Asunción segundo mandato Michelle Bachelet, junto a Cristina Kirchner y Dilma Rousseff (2014).

Asunción segundo mandato Michelle Bachelet, junto a Cristina Kirchner y Dilma Rousseff (2014).

    No cabe duda de que son oportunidades que se abren a la conciencia de los chilenos para comprender que la institucionalidad pública no puede ser secuestrada por creencias particulares; que los adherentes a religiones tienen pleno derecho a cumplir con sus preceptos religiosos y, por ejemplo, conformar sólo parejas heterosexuales en matrimonio o no abortar por motivo alguno, pero, por otra parte, no pueden arrogarse el derecho a imponer sobre el resto de la ciudadanía las acciones que se derivan de sus creencias.

     En suma, el camino laicista está aún muy empedrado. La predominancia de las concepciones religiosas se manifiesta como poder político de la institucionalidad religiosa, y por ende como influencia relevante a los representantes políticos de derecha, de centro y de izquierda.

[box class=”pull”]El camino laicista está aún muy empedrado. Se manifiesta en la escasa disponibilidad de la clase política para emprender modificaciones laicas en la institucionalidad pública. [/box]

     El peso de la noche se manifiesta en la escasa disponibilidad de la clase política para emprender modificaciones laicas en la institucionalidad pública. Sin embargo, la fuerza de los movimientos sociales que se ha manifestado en numerosos planos en los últimos años en Chile trae la esperanza de que a través de su acción orientada a la justificación y la transparencia de la actividad pública en todos los planos, implique como consecuencia el requerimiento que es consustancial al cambio político, y que es la apertura de la conciencia ciudadana, que permita a ésta comprender cabalmente que su eventual adscripción a una religión no puede implicar adhesión al poder público de la magistratura religiosa.

     De este modo, consistentemente, la ciudadanía debería tender a generar representantes políticos dispuestos a desmontar aquellos aspectos de la institucionalidad pública que no son otra cosa que manifestación de pretensiones particularistas de poderes fácticos, incompatibles con una vida pública auténticamente republicana.

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